Todo parece demostrar que la nueva administración de la Inspección General de Justicia (IGJ) decidió dejar de lado un modelo de control extremadamente burocrático para reemplazarlo por otro más laxo.
Al menos así lo manifestó en su columna para El Cronista Melina Sánchez, responsable de Legales de Expansion Argentina, en la que analizó la Resolución General 5/2024, publicada en el Boletín Oficial recientemente.
En la flamante norma, el organismo a cargo de Daniel Roque Vítolo exime de obligaciones claves a las sociedades extranjeras que constituyan o participen en sociedades locales.
La nueva resolución reemplaza el polémico artículo 3 de la resolución general 2, emitida en 2020 durante la administración de Ricardo Nissen, que establecía como requisito constituir una garantía para los representantes.
“A la luz de los hechos, los argumentos esgrimidos en el pasado quedan manchados por una interpretación forzada de las normas que sólo logró perjudicar a las empresas del exterior que optaban por instalarse en la Argentina”, explicó Sánchez.
Además, añadió que “se puede asegurar que esta resolución es el inicio de grandes modificaciones que afectarán a nivel nacional a las regulaciones aplicables”. Y concluyó: “Soplan vientos de cambio. Bienvenidos sean”.
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Cómo se registra una marca en ArgentinaLa explotación de una marca es una tarea que requiere un esfuerzo constante para construir una identidad sólida y proteger los derechos de propiedad intelectual asociados. Micaela Ramírez, analista de Legales de Expansion, explica que en la era digital en la que vivimos, nada puede quedar en manos del azar.
Para evitar problemas a futuro, existe un paso legal necesario antes de lanzar una marca: registrarla. De esta manera, y dada la normativa vigente, será fundamental para poder aprovecharla económicamente. El primer consejo de Micaela es hacerlo en el país en el que se vaya a utilizar, ya que no existe registro a nivel mundial.
En la Argentina el órgano competente para hacerlo es el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI). Previo a solicitar su registro, Ramírez recomienda realizar una investigación exhaustiva para verificar que no exista una idéntica para distinguir los mismos productos y/o servicios. Luego, tener en cuenta que el nombre no encuadre en las prohibiciones que establece la ley.
Superadas las etapas de análisis, el INPI otorga la titularidad de la marca por diez años, aunque puede ser renovado indefinidamente por períodos iguales.
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Contratos: claves para aprovechar estos instrumentos legales en los negociosLos contratos forman parte de la vida cotidiana de las personas. Sea para alquilar la vivienda en donde vivir, para trabajar o para recibir un servicio, todo gira en torno a estos instrumentos legales.
En los negocios es más común escuchar hablar de ellos, dado que les dan origen a acuerdos comerciales, sea que se trate de compra de bienes o servicios (tanto eventuales como de largo plazo).
Melina Sánchez escribió una columna en iProfesional con los aspectos que rodean a los contratos, desde su finalidad, hasta cuál debería ser su contenido, para que tenga total validez y puedan cumplir con su cometido.
El repaso de la analista Sr. de Legales de Expansion Business incluye la definición que hace el Código Civil y Comercial, para qué sirven, cuáles son los aspectos que no deben faltar y hasta la importancia de la firma.
Más allá de eso, afirmó a modo de conclusión que “el asesoramiento de profesionales resulta imprescindible en la mayoría de las ocasiones para asegurar la legalidad y poder contemplar todos los supuestos que puedan darse en la relación para que, en caso de incumplimiento, resulte más accesible recibir un resarcimiento y/o poder exigir el cumplimiento forzoso del objeto”.
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Latinoamérica busca la sustentabilidad en la cadena de suministrosTras la alteración en el comercio global que provocó la pandemia, diversos gobiernos y empresas están buscando la forma de asegurar un flujo permanente de suministros para facilitar y robustecer el intercambio internacional de mercancías.
Asimismo, las nuevas tecnologías -tal como la inteligencia artificial- y las estrategias geopolíticas -por ejemplo, las denominadas relocalizaciones o nearshoring– están en la palestra.
En este escenario, el portal Simalco realizó un análisis de la situación y consultó con María Belén Alsúa, gerente de Legales de Expansion Business, sobre distintos aspectos del supply chain.
Respecto al escenario en el que se encuentra la Argentina, Alsúa recordó que este año las elecciones presidenciales generan un marco diferente al común, dadas las posiciones encontradas entre los candidatos.
“Mientras el oficialismo planteó un escenario restrictivo, en donde la falta de dólares incentivó la intensificación de cepos y controles cambiarios que no hicieron más que acelerar la falta de divisas, la oposición plantea un escenario de apertura que busca conectar más hacia el mundo”, indicó.
Y añadió: “Eso tiene sus propios desafíos, con una inflación que se presenta más persistente que la deseada por los gobiernos y decisiones de los banqueros centrales que se demoran en plasmar en resultados”.
Por último, comparó la situación mexicana con la argentina. Lamentó que se generen “dificultades adicionales en la cadena de producción para todas aquellas industrias que dependen pura y exclusivamente de materiales que no consiguen localmente”.
Considerando que se trata de un país con muy poca industria nacional, Alsúa concluyó que esta situación “impacta en costos, plazos de producción y de entrega, entre otros factores”.
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Ciberseguridad: protegernos contra todos los ataques en la era digitalLa ciberseguridad se ha convertido en un tema de vital importancia en todo el mundo, especialmente a medida que la sociedad se vuelve cada vez más digitalizada y nos expone como posibles víctimas de un delito informático.
La Argentina no es la excepción. Los recientes informes de Check Point Research revelan una preocupante tendencia de aumento, con un crecimiento del 22% en los ataques semanales en comparación con el año anterior.
En este escenario, Lucio Pacek, analista Junior de Legales de Expansion Business, analizó el marco normativo y realizó un repaso por las sentencias que marcan el camino legal en la materia.
Además, aportó una serie de recomendaciones para evitar que se propaguen males digitales como el “pishing” y el “pharming”, dos de los ataques más empleados en la actualidad.
Para finalizar su columna para El Economista, advirtió que “sólo a través de una combinación de medidas técnicas, educación y acciones legales efectivas podremos enfrentar los desafíos de la ciberdelincuencia y reforzar la seguridad digital.
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Tras la decisión de la IGJ, qué pasará con la plata del fideicomiso que Santi Maratea hizo para IndependienteEl Club Atlético Independiente está cada vez más complicado. Si la deuda que lo asfixia no fuera poco, ahora se sumó una intimación de la IGJ a Santiago Maratea para que el fideicomiso que se constituyó para juntar el dinero que se debe esté bajo su control.
Dado que el contrato se registró en la provincia de Neuquén, el organismo de control nacional entiende que fue mal inscripto y solicitó al influencer a que haga el registro correspondiente para conocer más sobre el instrumento legal.
En este escenario, la periodista de TN Melina Manfredi consultó a Diego Fraga para conocer más sobre los motivos que llevaron a la IGJ a intervenir y buscar que el fideicomiso quede bajo su órbita.
“Desde que se aprobó el Código Civil y Comercial se prevé que los fideicomisos tienen que inscribirse en el ‘registro público correspondiente’. Si bien el fideicomiso es un contrato entre privados, se hizo para tratar de que no se vulneren derechos de terceros (por ejemplo, acreedores)”, explicó.
El también socio de Expansion Business hizo un breve repaso sobre los organismos de control societario. En este sentido, explicó que en la Ciudad de Buenos Aires hay dos registros: uno porteño y el de la IGJ, de carácter nacional.
“Cuando CABA y Nación pertenecían a un mismo signo político, la IGJ eliminó la obligación de inscribir los fideicomisos ahí (en favor del registro de CABA), pero cuando asumió Nissen, con el gobierno de Alberto Fernández, se volvió a reinstalar esa obligación”, indicó.
Y agregó: “Esta gestión de la IGJ tiene un sesgo bastante intervencionista y con muchas regulaciones, a las que se les suele criticar que entorpecen y/o traban la velocidad de los negocios”.
“Entonces, cuando se armó el fideicomiso de Maratea, para evitar este tipo de trabas se inscribió el fideicomiso en otra jurisdicción (que en este caso, fue en Neuquén)”, señaló.
La IGJ intimó a Maratea a inscribir el contrato en ese organismo. “Como no lo hizo, ahora dictó una Resolución en la que instruye a su departamento judicial a iniciar una acción judicial para intervenir la administración del fideicomiso”, señaló.
“Hay un claro conflicto de competencias entre dos organismos de registro, que se podría agravar si la justicia comercial de la CABA hiciese lugar al pedido de la IGJ. Esto podría restar credibilidad a la campaña y entorpecer la recolección de fondos”, consideró.
Y concluyó: “Por otro lado, la Justicia deberá decidir si la IGJ tiene facultades como para pedir una intervención judicial de un fideicomiso entre privados, máxime cuando ya está inscripto en otra jurisdicción”.
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Un “mega cepo” para cuidar los dólares: 9 organismos del Estado vigilarán a las empresasEl Gobierno creó este lunes la Unidad de Seguimiento y Trazabilidad y Promoción de las Operaciones de Comercio, integrado por funcionarios de diferentes secretarías y ministerios.
Integran la lista el Ministerio de Economía, las secretarías de Comercio, de Industria y Desarrollo Productivo y de Agricultura, Ganadería y Pesca, la AFIP, el Banco Central, la Superintendencia de Seguros de la Nación, la CNV y la UIF.
Conocida la novedad, desde iProfesional consultaron a Diego Fraga, socio y CEO de Expansion Business, sobre el motivo por el que se diseñó esta nueva dependencia estatal y el motivo por el que fue incluido el fisco nacional.
Al respecto, consideró que la medida oficial fue llevada a cabo “por los dólares”, y que “la AFIP está porque es el organismo que maneja más información y tiene mayor alcance, con 21.000 agentes”.
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La Justicia embargó criptomonedas de los acusados de robar información fiscal del blanqueo de MacriLa Cámara de Casación Penal confirmó un fallo en el que se dictó un embargo preventivo en las cuentas de personas acusadas de obtener de manera ilegal información que se encontraba bajo secreto fiscal.
En este escenario, el periodista de Infobae Martín Kanenguiser analizó la sentencia y consultó con Diego Fraga sobre el impacto que tendrá la decisión de los jueces Daniel Petrone, Juan Carlos Gemignani y Mariano Borinsky en el futuro.
Al respecto, señaló que “es un caso del cual pueden obtenerse datos muy interesantes: el primero de todos es que tanto el Ministerio Público Fiscal como la Justicia Federal analizaron bienes que habían sido ingresados en un régimen legal de blanqueo a efectos de disimular su presunto origen delictual”.
“Esto es muy importante porque, en general, cuando se aprueba un blanqueo impositivo, aunque se incluyan cláusulas tendientes a evitar que se blanqueen activos provenientes de otros delitos (por ejemplo, corrupción, narcotráfico, u otros), en la práctica los controles son prácticamente inexistentes por parte del Estado”, sostuvo.
En este caso, según manifestó el socio y CEO de Expansion Business, “se llegó a la detección de los fondos a raíz de una causa previamente iniciada por asociación ilícita”.
“Otra cuestión interesante que surge de esta causa es -además de las consecuencias derivadas de la investigación penal- es el posible decaimiento del blanqueo impositivo por esta causal del origen de los fondos”, aclaró.
También, indicó que resulta novedosa “la medida cautelar trabada por la Justicia sobre criptoactivos de los acusados, en este caso, alcanzando a exchanges con operaciones en la Argentina (Ripio y Binance)”.
“Otro punto trascendente a destacar es que la causa penal se había iniciado debido a una asociación ilícita que comerciaba con información protegida por el secreto fiscal, lo que denota la fragilidad de toda la información sensible en poder del fisco”, señaló.
“Afortunadamente, en este caso se ha podido investigar y enjuiciar a los presuntos responsables de este uso peligroso de los datos tributarios”, concluyó Fraga.
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En el mundo del metaverso, el futuro va en ascensor y las leyes por la escaleraEl metaverso es un «mundo digital» al que se accede mediante algunos dispositivos, en donde se ve la realidad que se pretende (por ejemplo, una oficina, el comedor de una casa, una playa, etc.).
Esto, que parece ciencia ficción para algunos, ya se está adoptando en el mundo laboral. Es un paso más allá de la virtualidad que incorporó la gran mayoría de las compañías a partir de la pandemia.
“Estos puntos suenan (y son) muy interesantes”, dice en su columna de opinión para El Economista Melina Sánchez. Aunque agregó: “Sin embargo, existen otros factores importantes que hay que considerar desde el punto de vista legal”.
“Por un lado, desde el ámbito profesional, puede existir una videovigilancia excesiva ya que se puede acceder a todo lo que haga el trabajador y eso estaría violando el derecho a la intimidad que consagra la Constitución”, sostuvo.
La analista Sr. de Legales de Expansion Business también narró sobre uno de los primeros acercamientos de la ley a este nuevo universo tuvo lugar en Nueva York, cuando la Justicia falló a favor de la compañía MetaBirkin.
Para Sánchez, “no todo es malo en este ambiente: tanto el metaverso como el teletrabajo nos ofrecen la comodidad como uno de los principales beneficios para los trabajadores y para la sociedad en general”.
Sin embargo, concluyó que “no caben dudas que la legislación tiene que acompañar estos grandes avances tecnológicos para evitar los abusos y el correcto uso de las nuevas herramientas”.
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Derecho al olvido: un camino normativo con un largo tramo por recorrerLos beneficios de la era digital en la que vivimos se pueden encontrar a montones. Las facilidades que implican hacer una transferencia bancaria o pagar en el supermercado con un celular son ejemplos cotidianos de ello.
No obstante, la velocidad con la que avanza la tecnología es tal que se pierden de vista aspectos a los que deben prestarse mucha atención, dado que se ponen en riesgo derechos esenciales que, como tales, deben ser protegidos y garantizados.
Uno de ellos, según María Belén Alsúa, es la privacidad. Y esto es así, dado que “vivimos en tiempos en los que la información está más a mano que nunca” y “basta una conexión a internet para conocer una gran cantidad de datos de cualquiera”.
La gerente de Legales de Expansion Business hizo un repaso sobre la normativa vigente en la Argentina, así como un proyecto de ley que fue presentado en 2022 y podría cambiar la situación actual exponencialmente.
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