Un informe elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) determinó que, de los 155 tributos que existen en todos los niveles de gobierno, 84 corresponden a tasas municipales.
En este escenario, la periodista Gabriela Origlia indagó sobre los factores que colaboran con la proliferación de estos ingresos y consultó a Diego Fraga para su artículo publicado en La Nación.
El socio de Expansion Business sostuvo que hubo algunos “guiños” por parte de la Justicia a los municipios, con fallos que fueron clave para que los intendentes puedan avanzar sin problemas.
Uno que consideró como bisagra fue “Banco de la Nación Argentina c/Municipalidad de San Rafael”, en la que la Corte Suprema de Justicia (CSJN) admitió tomar en cuenta para el cálculo de la tasa el costo del servicio y también la capacidad contributiva.
“Abrió la puerta a que se pueda calcular la carga municipal sobre los ingresos brutos del contribuyente. Fue un hito; ahora se vuelve a aceptar la competencia federal en los reclamos judiciales”, recordó.
Otro fallo mencionado para ejemplificar los “conflictos” existentes es el de la CSJN de 2021 en el caso “Esso Petrolera Argentina SRL y otro c/ Municipalidad de Quilmes s/ acción contencioso-administrativa”.
La petrolera promovió la demanda para que se dejara sin efecto el cobro de una deuda por la tasa de Inspección de Seguridad e Higiene sobre una base imponible que alcanzaba a los ingresos devengados en otras ciudades en las que no tenía local o establecimiento habilitado, pero los máximos jueces rechazaron la demanda.
En cambio, en 2009 en el fallo “Laboratorios Raffo” la Corte confirmó la doctrina del precedente “Compañía Química” y estableció que para aplicar un tributo se debe analizar su naturaleza jurídica.
De esta manera, rechazó el cobro de una contribución sobre el Comercio, la Industria y las Empresas de Servicios por parte de la Municipalidad de Córdoba porque no prestaba un servicio concreto, efectivo, e individualizado.
En este caso, la empresa encomendaba la difusión de sus productos a un agente de propaganda médica residente en esa ciudad, pero no tenía un lugar específico dentro del municipio.
La base sobre la que debería cimentarse todo es el inciso b del artículo 9 de la Ley de Coparticipación Federal, que establece que los municipios no pueden cobrar impuestos similares a los que se coparticipan.
“O sea, le quedan las tasas retributivas de servicios que también tienen parámetros moldeados por la jurisprudencia”, apuntó Fraga, y concluyó que hay una desfiguración de estos principios desde hace años.
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Tasas municipales: cada vez más empresas recurren a la Justicia para cuestionarlasLa decisión del Gobierno nacional de restringir el cobro de tasas municipales por medio de otras boletas de servicios les otorgó a las empresas el impulso que buscaban para retomar la senda de la Justicia.
En este escenario, el periodista de Ámbito Carlos Lamiral indagó sobre las posibilidades concretas que tienen las compañías de accionar contra los municipios y consultó para eso con Diego Fraga.
El socio de Expansion Business explicó que existen dos posibilidades para avanzar y lograr un freno. El primero es el de sumar los casos existentes para buscar la posibilidad de obtener un resultado en el fuero federal.
La otra parte del argumento es que el artículo 9 de la Ley de Coparticipación plantea que al adherir a las provincias, organismos autárquicos y municipios se comprometen a no aplicar impuestos o tasas “análogos a los nacionales” que se coparticipan.
Para ello la Nación debería hacer una presentación ante la Comisión Federal de Impuestos, que regula la relación fiscal con las provincias, y hacer un planteo para así, en caso de obtener un dictamen favorable, retener parte de la coparticipación.
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Luis Caputo apuntó contra los intendentes por el cobro de impuestos municipalesEl ministro de Economía, Luis Caputo, está decidido a continuar en su cruzada para evitar que los municipios provoquen el incremento de precios a través de la aplicación de tasas discrecionales.
En este escenario, el periodista de Ámbito Carlos Lamiral consultó con Diego Fraga sobre el asunto, quien recordó que el Gobierno podría cuestionar los impuestos municipales a partir de lo establecido en el artículo 9 de la Ley de Coparticipación.
El mismo plantea que al adherir a la coparticipación las provincias, organismos autárquicos y municipios se comprometen a no aplicar impuestos o tasas “análogos a los nacionales” que se coparticipan.
Para ello la Nación debería hacer una presentación ante la Comisión Federal de Impuestos, que regula la relación fiscal con las provincias, y hacer un planteo para así, en caso de obtener un dictamen favorable, retener parte de la coparticipación.
El socio de Expansion Business explicó, no obstante, que se trata de un procedimiento que demora y que no se ajustaría a las necesidades del Poder Ejecutivo que pretende disminuir rápidamente la presión fiscal global para activar la inversión.
También, según recordó, podría efectuar un nuevo planteo de inconstitucionalidad a través de alguna empresa pública con sucursal en territorio bonaerense, hasta tratar de llevar la causa hasta la Corte nacional.
No obstante, en este tipo de procesos judiciales el problema radica en los tiempos, ya que un procedimiento de este estilo podría demorar una década, dados los tiempos en lo que se maneja la Justicia.
No obstante, Fraga señaló que “hay algunos fallos que empiezan a reconocer la posibilidad de que intervenga la Justicia federal, aunque esto lo había abortado hace ya un tiempo la Corte Suprema.
Dado este escenario, el socio de Expansion Business concluyó que “si empiezan a caminar en la Justifica federal podrían empezar a dar cautelares contra los municipios”.
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La tasa vial es un impuesto encubierto que perjudica a las estaciones de servicioEn los últimos tiempos se extendió el uso de las polémicas tasas viales. Y fue el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien denunció públicamente esta práctica.
Es que estos tributos “no retribuyen ningún servicio en particular y, como tales, son inconstitucionales”. Al menos así lo afirmó Diego Fraga, socio de Expansion Business, al ser consultado por el portal Surtidores.com.
“Son impuestos disfrazados de tasas porque no retribuyen ningún servicio en particular”, enfatizó y añadió: “Perjudican no sólo a los usuarios, sino también a los estacioneros del municipio, porque el cliente irá para aquellas ciudades en donde no se aplique”.
“Es necesario exigir mayor transparencia y una justificación clara de cada carga impositiva que se impone a los ciudadanos, porque el consumidor no sabe, por lo general, qué parte del precio que está pagando es por el municipio que se resiste a bajar el gasto político y mantener el actual festival de gasto público”, concluyó.
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Tasas, impuestos y un problema: el déficit de las provincias y municipios provocan una afrenta a la ConstituciónMuchas de las provincias y los municipios están con sus cuentas en rojo y las soluciones que se presentan prometen, por lo general, sumar más dolores de cabeza en el futuro.
Sean tasas municipales o impuestos, la mayoría de las alternativas termina chocando con la Justicia. O sea: el problema no sólo persiste, sino que, además, se termina potenciando.
Al menos así lo explicó el socio de Expansion Holding Darío Rajmilovich en su columna para El Economista, en la que realiza un repaso por los últimos casos (que se multiplicaron en los últimos meses).
Además, recuerda las características que deben cumplir las tasas para ser consideradas como tales, según lo que determinó la Corte Suprema a lo largo de los años, y qué podría cambiar para evitar estas complicaciones.
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La caída del impuestazo en Pehuajó dejó en evidencia el hartazgo y una duda ¿hasta cuándo?El intendente Pablo Zurro envió al Consejo Deliberante de Pehuajó un proyecto para aplicar una tasa fitosanitaria por la utilización de agroquímicos y, ni bien salió, la noticia no hizo más que acumular rechazos.
Una semana después, retiró la propuesta. “No tomaré ninguna medida en contra de los productores ni trabajadores agrícolas”, afirmó, aunque amenazó con “penalizar las aplicaciones irresponsables, con multas severas y con denuncia judicial”.
En este escenario, el socio de Expansion Holding Darío Rajmilovich analizó el escenario actual y encontró un punto en común: los intendentes están haciendo uso de su potestad para crear tasas.
No obstante, no todos siguen los preceptos que estableció, a lo largo de los años, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en las múltiples sentencias en las que les tocó actuar.
Por eso, Rajmilovich realizó un repaso sobre los requisitos que deben cumplirse al momento de crear una nueva tasa y aportó una posible solución al problema que afrontan los municipios.
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“Son insaciables y no paran de crear nuevos impuestos disfrazados de tasas”El municipio de Rosario estableció una nueva tasa sobre combustibles que generó polémica debido a que no cumpliría con los principios establecidos por la Corte Suprema para ser considerada como tal.
Diego Fraga, socio y CEO de Expansion Business, fue consultado por Alberto Lotuf para su programa “Siempre Juntos” de Cadena 3 sobre la posibilidad de que sea tildada de inconstitucional.
Ante la pregunta sobre la potestad que tiene el municipio para establecer este gravamen, sostuvo que “como poder, puede”. Sin embargo, explicó que puede avanzar siempre que “la Justicia no lo frene”.
Si bien la Corte Suprema ya aportó su visión sobre la diferencia entre impuesto y tasa, Fraga recordó que “en muchos casos, los jueces no acompañan los reclamos de los contribuyentes que están afectados por este tipo de abusos”.
También realizó un análisis de este caso particular y realizó un repaso por otros y explicó los requisitos que, según la Justicia, deben existir. A continuación, las frases más importantes:
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¿Tasa o impuesto?: los productores agropecuarios de Azul en pie de guerra por un nuevo tributoEl Concejo Deliberante de Azul terminó con la incertidumbre generada hace unas semanas al aprobar la tasa que recae sobre el campo, una medida que fue rechazada por los productores desde el momento de su anuncio.
En este contexto, Darío Rajmilovich, socio de Expansion Holding, analizó el “impuesto” y recordó qué había establecido en su momento la Corte Suprema sobre este tipo de tributos en su columna para El Economista.
La norma, según explicó, “es altamente polémica ya que alcanza a cada hectárea de tierra con el equivalente a una fracción o un litro de gasoil (dependiendo si se trata de un terreno para agrícola, para cría o mixto)”.
También sostuvo que los valores de estas escalas suenan desproporcionados de por sí, pero además hay que sumar a la ecuación un hecho no menor: no existe un servicio específico que justifica la creación de esta tasa municipal.
“Ese es el motivo por el que los productores afectados se presentarán ante la Justicia para evitar el cobro de este tributo bajo el argumento de que se trataría de un tributo inconstitucional”, añadió.
Luego, recordó los puntos fundamentales que fue definiendo la Corte Suprema al momento de establecer qué características tiene una tasa y también enumeró los principios constitucionales sobre el tema.
Y concluyó: “En este caso, la tasa creada por el Municipio de Azul no cumpliría ninguno de los puntos establecidos por el máximo tribunal, por lo que es altamente probable que la resolución siga la línea trazada por los fallos anteriores”.
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“Uno termina normalizando medidas que van en contra de todos los principios tributarios”La tasa que busca imponer el municipio de Azul a los productores agropecuarios sigue dando que hablar. Las críticas se acumulan y cada vez son más los que consideran que recurrirán a la Justicia para frenarla.
En este escenario de incertidumbre y bronca, el socio de Expansion Business Diego Fraga advirtió, en una entrevista para Canal E (Perfil), que “es una locura” y recordó la posición de la Corte Suprema en casos como estos.
A continuación, las frases más destacadas de la entrevista concedida al periodista Pepe Gil Vidal:
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El municipio de Azul crea un impuesto encubierto para cobrarle al campo un litro de gasoil por hectárea para cubrir su déficitEl municipio de Azul fue noticia por un proyecto de ley que busca imponer a los productores agropecuarios una nueva tasa que, por sus características, es más bien un impuesto encubierto.
En este escenario, Diego Fraga calificó, ante la consulta del periodista de Infobae Martín Kanenguiser, de “robo” la nueva iniciativa y cuestionó el hecho de que se trate de “la primera medida de gobierno del intendente electo”.
El socio de Expansion Business recordó que si bien “muchas veces los jueces les tienen compasión a las administraciones municipales y para no quitarles recursos por más que sean totalmente ilegítimos, rechazan este tipo de acciones”, lo cierto es que el máximo tribunal es tajante al respecto.
“Según la jurisprudencia que la Corte trazó desde hace ya varios años y que permanece vigente, una tasa siempre tiene que responder a una concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio. De lo contrario, no es tasa y se transforma en un impuesto como es este caso”, sostuvo.
Y añadió: “Acá los servicios que estaría retribuyendo son imposibles de individualizar. Es decir, enumera una serie de servicios y ya la jurisprudencia ha invalidado tasas similares en mucha cantidad de casos”.
“Lo que tiene de perverso es que una de las primeras medidas que toma el Intendente apenas asume, a pesar de que lo presentó el intendente saliente. Además, la forma de cálculo es ridícula”, señaló.
Y concluyó: “No tiene nada que ver con una tasa, porque se calcula por hectárea y a valor de litro de gasoil. Es ridícula, algo nunca visto y es una vergüenza que haya funcionarios electos que hagan estas cosas”.
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