En Uruguay, el proyecto de Presupuesto 2026-2030 (que está a punto de ser aprobado en el Parlamento) incluyó una serie de reformas que pueden cambiar considerablemente el escenario de tranquilidad que reinaba del otro lado del Río de la Plata.
Es que hay cambios profundos en el texto que puede convertirse en ley próximamente, que van desde la creación de un nuevo impuesto a la limitación de beneficios que hicieron que muchas personas y empresas decidieran instalarse allí.
En este escenario, el periodista Gonzalo Chicote consultó con Diego Fraga, quien aseguró que “hay ruido real para quienes se mudaron o están por mudarse”, ya que implica “más papeles, más cuidado en ventas de activos y en créditos por impuestos del exterior”.
Siempre centrado en los cambios que afectan a las personas físicas, Fraga manifestó que las críticas que surgieron del ecosistema de zonas francas ante la idea de implementar un impuesto global para multinacionales no fue gratuito.
En efecto, tal como explicó en declaraciones a El Economista el socio de Expansion Business, “ese ‘clima’ también lo leen las familias que evalúan re-domiciliarse” cruzando el charco.
Por último, resaltó que “las reformas recortan el edge y elevan el costo de compliance” debido a que “cada retoque, por sutil que sea, dilata decisiones hasta ver la reglamentación fina”.
Pese a este escenario, Fraga considera que “el diferencial institucional permanece” ya que “Uruguay sigue siendo mucho más conveniente y seguro que la Argentina en presión efectiva y previsibilidad”.
Incluso, manifestó que no es exclusivo para argentinos. “Para no argentinos, el diagnóstico es similar: continúa competitivo en la región”, aunque, desde su perspectiva, “la ventaja relativa se achica en el margen”.
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