Con la prórroga del Fondo Nacional de Turismo, el Gobierno no sólo extendió la vigencia del impuesto que lo sustenta, sino que sumó críticas por el modo en el que decidió llevar adelante la medida.
Es que utilizar un decreto de necesidad y urgencia es nulo de nulidad absoluta. Al menos así lo destacó Diego Fraga, socio de Expansion Business, en declaraciones citadas por la periodista Julieta Rumi en su nota para La Nación.
Al respecto, explicó que la potestad para prorrogar un gravamen la tiene el Congreso de la Nación y que debería plantearse la inconstitucionalidad de la medida en la Justicia.
“¿Quiénes son los que podrían impugnar el impuesto? Tenés, por un lado, a las agencias que se verían afectadas porque tendrían que ofrecer sus servicios a un precio superior, pero lamentablemente la Justicia no es muy benévola en el tema de la legitimación activa para el reclamo de impuestos”, indicó.
Y agregó: “Hay precedentes que dicen que tenés que demostrar que realmente el impuesto te está afectando y eso jugaría en contra de la posibilidad de que las empresas, que son agentes de percepción, vayan a la justicia a litigar contra el impuesto”.
Por otra parte, sostuvo que “para los consumidores son montos muy inferiores frente a lo que podría llegar a salir un juicio. Entonces es difícil que impugnen el impuesto y como todavía no se aceptan las acciones colectivas en materia tributaria, entonces es difícil que una asociación de consumidores vaya a impugnar este impuesto” y concluyó: “Pero, es posible”.
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