Intentar que los argentinos utilicen los dólares que tienen en el colchón es la nueva obsesión del Poder Ejecutivo. El ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó incluso que están trabajando en un paquete de medidas para cumplir ese objetivo.
En este escenario, son muchos los que se preguntan si existen alternativas dentro del marco legal vigente que puedan utilizar y evitar, de esta manera, una discusión legislativa.
Consultado por Mariano Boettner para su artículo de Infobae, el socio de Expansion Business, Diego Fraga, analizó posibles mecanismos que podrían permitir la regularización de activos no declarados sin necesidad de que intervenga el Congreso.
“Podrían usarse varias figuras en las que no haría falta que intervenga el Congreso. Puede ser que usen el régimen de presentación espontánea (que no condona impuestos, pero sí intereses y multas)”, explicó.
Recordó que este régimen ya fue aplicado anteriormente, aunque advirtió sobre su implementación: “Habría que blindarla muy bien del riesgo penal, ya que la última vez que se aplicó, la entonces AFIP salió a hacer denuncias penales”, dijo.
Y añadió que “lo podrían combinar con regímenes de facilidades de pago muy largos en el tiempo”, aunque aclaró que “la complejidad de estas alternativas podría atentar contra el éxito de lo que pretende el Gobierno”.
Entre otras opciones discutidas, mencionó la extensión de la tercera etapa del blanqueo fiscal. No obstante, desestimó su impacto. “Pero no sirve para efectivo y si no arrancó hasta ahora, difícil que arranque en el futuro”, afirmó.
Por otra parte, evaluó la posibilidad de una medida como la suspensión de la presunción de incremento patrimonial no justificado, establecida por la Ley de Procedimiento Tributario.
“Es una norma que dice que a los incrementos patrimoniales no justificados y a los depósitos bancarios no justificados les tenés que sumar un plus del 10% (considerado como renta que te consumiste) y a eso les tenés que cobrar Ganancias, IVA, más intereses y multas”, explicó.
Si bien esta figura admite prueba en contrario, sugirió que “ARCA o el Poder Ejecutivo (mediante un decreto) podrían establecer que no se apliquen estas figuras”. Reconoció que “desde lo legal podría resultar discutible, pero en conjunto con otras normas tal vez se armaría un esquema razonable”.
Leé el artículo acá.
