Como parte del objetivo de lograr que los argentinos utilicen los dólares que tiene fuera del sistema para realizar consumos, el Gobierno nacional estableció un régimen simplificado para pagar el Impuesto a las Ganancias.
Para conocer un poco más de la nueva alternativa y su conveniencia, la periodista Melisa Reinhold consultó a Diego Fraga quien analizó la norma para responder a los interrogantes de La Nación.
En primer lugar, destacó que “representa una oportunidad histórica para regularizar activos sin costo y sin tope, siempre que los fondos sean utilizados para adquirir bienes registrables o financiar consumos dentro del país”.
“Esta ventaja es inédita y puede ser sumamente atractiva para muchos contribuyentes que mantienen parte de su patrimonio fuera del sistema formal”, añadió el socio de Expansion Business.
Desde su perspectiva, el “gran atractivo” es que permite aceptar una declaración jurada sugerida por ARCA, pagarla (o rectificarla) y quedar liberado del tributo, con una presunción de exactitud para los períodos no prescriptos.
Una suerte de “blanqueo encubierto” para quienes adhieran, pero con mayor estabilidad jurídica. Luego, los bienes que se compraron pueden aparecer en el Impuesto sobre los Bienes Personales.
“Para muchos pequeños contribuyentes, especialmente los profesionales que trabajan con consumidores finales, el salto desde el monotributo al régimen general implica una carga difícil de asumir. Por eso, conviene que evalúen no solo el beneficio inmediato de regularizar, sino también el costo futuro del cambio de régimen», advirtió.
Hay muchas diferencias entre el Monotributo y el Régimen General. En primer lugar, el Régimen Simplificado de Ganancias no incluye ni obra social ni aportes previsionales, y el contribuyente debe gestionar y pagar por su cuenta.
En cambio, en el Monotributo eso ya está incluido en la cuota mensual. “Aunque muchos ya pagan una prepaga fuera del sistema, para otros esto puede presentar un costo adicional inesperado”, señaló.
Otro tema: pasar al régimen general implica facturar el Impuesto al Valor Agregado (IVA), algo que para Fraga no es neutro, porque si el cliente es un consumidor final (como sucede con médicos, arquitectos y abogados, por mencionar algunos), ese IVA no puede ser descontado y se transforma en un costo adicional que puede obligar a reducir honorarios o perder competitividad.
“También hay mayores exigencias formales, como la necesidad de llevar libros contables, presentar declaraciones juradas mensuales y anuales, y asumir un mayor nivel de fiscalización”, señaló.
Y añadió: “Desde ya, todo esto tiene un lado positivo: ingresar al régimen implica una ‘blanqueabilidad’ plena, con efecto liberatorio hacia atrás y una presunción de exactitud para el patrimonio y los consumos realizados”.
“Por eso, el balance que debe hacer cada monotributista es entre los beneficios de regularizar sin costo, con blindaje fiscal, y el mayor costo administrativo y financiero futuro”, concluyó.
El artículo completo, aquí.
