Las cartas están jugadas. El Gobierno nacional avanzó con todo en las medidas que buscan que los argentinos utilicen los dólares que están fuera del sistema y ahora busca el apoyo de las provincias.
En este escenario, la periodista de El Cronista Amparo Beraza analizó el contexto en el cual el Poder Ejecutivo se reunió con los gobernadores para lograr que adhieran al nuevo marco normativo.
Diego Fraga, socio de Expansion Business, opinó que el esquema puede generar “tensiones políticas” y hasta un “intento de judicialización” por parte de algunas provincias. Sin embargo, sostuvo que esto es “inviable”.
“Lo que se busca es permitir que esos dólares -que ya están fuera del circuito formal- se vuelquen a la economía. No son fondos que hoy estén tributando. Si siguen vigentes los controles orwellianos de ARCA, directamente no se usarían, y con eso pierden todos: Nación y provincias”, opinó.
A pesar de ello, advirtió que “para que el plan sea creíble y tenga seguridad jurídica, debe pasar por el Congreso” y remarcó que “ahí sí será necesario el apoyo de legisladores provinciales, incluso de aquellos que hoy se muestran críticos”.
“Si no hay ley, todo dependerá de resoluciones administrativas o tolerancias informales, con el riesgo de que no haya masa crítica para que funcione”, consideró y recordó que las provincias cuentan con autonomía tributaria en la Constitución.
En este sentido, señaló que “pueden establecer sus propios impuestos, fiscalizar y perseguir deudas locales, y también decidir cómo actuar frente a regímenes de alivio o blanqueo que impulse la Nación”.
Sin embargo, al tener la información disponible en ARCA Nación podría condicionar el flujo de información para dificultarle el trabajo a los órganos locales. De ahí que los gobernadores quieren sentarse a negociar.
En este sentido, es importante remarcar que las provincias con mayor peso tributario son Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza. Por ello, sería crucial que todos estos distritos se plieguen a la medida.
“Pueden, en los hechos, condicionar la implementación práctica del plan en sus territorios. Pueden tensionar o demorar la implementación, pero si el régimen se encuadra dentro de una ley nacional votada por el Congreso, la presión institucional sobre las provincias será mucho mayor”, concluyó.
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