La carga tributaria de las industrias es cada vez más pesada, pese a los esfuerzos que realiza el Gobierno nacional en su campaña para reducir impuestos. Y esto es así, en gran medida, por las tasas municipales.
Al menos así surge de un informe elaborado por el Departamento de Política Tributaria de la Unión Industrial Argentina (UIA) en uno de los tributos que más ha crecido en cantidad y en cuantía en los últimos años.
Consultado por el periodista Gonzalo Chicote, Diego Fraga, socio de Expansion Business, manifestó que el relevamiento de la central industrial dejó al descubierto los grandes problemas que tienen estos gravámenes.
“El mapa de tasas municipales en la Argentina se ha convertido en un verdadero ‘impuesto paralelo’, sin reglas claras, plagado de superposiciones y con serios problemas de legalidad”, aseguró.
En este contexto, explicó que “tasas como la TISH (Inspección de Seguridad e Higiene) y la THAE (Habilitación de Actividades Económicas) recaen sobre las mismas bases imponibles, con liquidaciones atadas a la facturación, lo que las aleja de su naturaleza jurídica”.
Y añadió que “la consecuencia es un tributo disfrazado de tasa, que se convierte en un verdadero impuesto encubierto, en abierta contradicción con la doctrina de la Corte Suprema”.
Otro dato que surge del informe citado por El Economista es el de la falta de proporcionalidad. Al respecto, Fraga manifestó que “el costo de las supuestas prestaciones municipales (higiene, seguridad, habilitaciones) está a años luz de lo que se cobra”.
Por último, sostuvo que “los tribunales rara vez actúan con la celeridad que exigiría un atropello de este calibre y muchas veces prefieren evitar el enfrentamiento con el poder político y, en no pocos casos, terminan siendo cómplices por acción u omisión”.
“La falta de decisiones firmes y oportunas no sólo convalida este festival de tasas, sino que erosiona la seguridad jurídica y desalienta la inversión”, añadió y concluyó: “Si no se corrige, seguirá alimentando la conflictividad judicial, los reclamos de inconstitucionalidad y, sobre todo, la pérdida de competitividad para el sector productivo argentino”.
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