La nueva administración de la Inspección General de Justicia (IGJ) arribó a sus funciones con un paquete de cambios que se fueron materializando a través de varias resoluciones generales.
Aplicando cierto rigor técnico, algo de lógica y un poco de política, decidió ajustar muchas de las normas emitidas durante el segundo mandato de Ricardo Nissen y que, en la práctica, significaron muchos palos en la rueda para las sociedades.
Las modificaciones van desde aspectos meramente administrativos a cuestiones clave, como el valor del capital, el objeto social o los requisitos para constituir determinados tipos sociales (como las SAS).
Al menos así lo manifestó en su columna para El Economista Yanil González en la que advirtió que, a primera vista, las decisiones de la nueva gestión “parecen buenas y el camino, el acertado”.
Sin embargo, la gerente de Auditoría de Expansion Argentina aclaró que “miradas bajo una lupa más inquisidora, surgen algunos puntos que podrían mejorarse de cara al futuro”.
Luego de hacer un repaso por las “luces y sombras”, concluyó que “no hay que olvidar que son estos sujetos los que permiten dar origen a grandes compañías. Entorpecer su trayecto puede ayudar a retrasar o detener el despegue de una buena idea”.
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