El Club Atlético Independiente está cada vez más complicado. Si la deuda que lo asfixia no fuera poco, ahora se sumó una intimación de la IGJ a Santiago Maratea para que el fideicomiso que se constituyó para juntar el dinero que se debe esté bajo su control.
Dado que el contrato se registró en la provincia de Neuquén, el organismo de control nacional entiende que fue mal inscripto y solicitó al influencer a que haga el registro correspondiente para conocer más sobre el instrumento legal.
En este escenario, la periodista de TN Melina Manfredi consultó a Diego Fraga para conocer más sobre los motivos que llevaron a la IGJ a intervenir y buscar que el fideicomiso quede bajo su órbita.
“Desde que se aprobó el Código Civil y Comercial se prevé que los fideicomisos tienen que inscribirse en el ‘registro público correspondiente’. Si bien el fideicomiso es un contrato entre privados, se hizo para tratar de que no se vulneren derechos de terceros (por ejemplo, acreedores)”, explicó.
El también socio de Expansion Business hizo un breve repaso sobre los organismos de control societario. En este sentido, explicó que en la Ciudad de Buenos Aires hay dos registros: uno porteño y el de la IGJ, de carácter nacional.
“Cuando CABA y Nación pertenecían a un mismo signo político, la IGJ eliminó la obligación de inscribir los fideicomisos ahí (en favor del registro de CABA), pero cuando asumió Nissen, con el gobierno de Alberto Fernández, se volvió a reinstalar esa obligación”, indicó.
Y agregó: “Esta gestión de la IGJ tiene un sesgo bastante intervencionista y con muchas regulaciones, a las que se les suele criticar que entorpecen y/o traban la velocidad de los negocios”.
“Entonces, cuando se armó el fideicomiso de Maratea, para evitar este tipo de trabas se inscribió el fideicomiso en otra jurisdicción (que en este caso, fue en Neuquén)”, señaló.
La IGJ intimó a Maratea a inscribir el contrato en ese organismo. “Como no lo hizo, ahora dictó una Resolución en la que instruye a su departamento judicial a iniciar una acción judicial para intervenir la administración del fideicomiso”, señaló.
“Hay un claro conflicto de competencias entre dos organismos de registro, que se podría agravar si la justicia comercial de la CABA hiciese lugar al pedido de la IGJ. Esto podría restar credibilidad a la campaña y entorpecer la recolección de fondos”, consideró.
Y concluyó: “Por otro lado, la Justicia deberá decidir si la IGJ tiene facultades como para pedir una intervención judicial de un fideicomiso entre privados, máxime cuando ya está inscripto en otra jurisdicción”.
Leé el artículo completo, acá.
