La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) eliminó cuatro sanciones del Sistema de Acciones de Control Electrónico, pero dejó una de las más criticadas: el bloqueo de la CUIT.
Conocida la medida, El Cronista indagó sobre el impacto que tendrá la flamante resolución general del fisco y citó los comentarios realizados por Diego Fraga en su cuenta de la red social X.
El socio de Expansion Business la limitación de clave de identificación tributaria es un gran problema para los contribuyentes, ya que “te pueden destruir con un simple click”.
Además, explicó que, en caso de que ARCA notifique a un contribuyente por el inicio de una fiscalización electrónica y no se presente la documentación en 3 días hábiles, por ejemplo, será sancionado.
Una vez vencido el tiempo establecido por la norma, el fisco nacional está en condiciones de aplicar una “suspensión de la CUIT”, lo que implica que “queda inhabilitado para facturar”.
A modo de conclusión, Fraga sostuvo que este tipo de control es el “peor de todos”, dado que “pueden pasar meses o incluso años para que te la reactiven”, mientras “no se puede facturar, cobrar ni operar”.
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Junto a un mínimo alivio, ARCA vuelve a convalidar la suspensión de la CUIT como sanciónLa Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) eliminó cuatro sanciones que aplican por no contestar los mails ante una fiscalización electrónica. Sin embargo, continúa con la más grave: la anulación de la CUIT.
En este escenario, el periodista Hernán Gilardo consultó con Diego Fraga, socio de Expansion Business, para conocer el alcance de la medida y el impacto que tendrá en el futuro.
En primer lugar, Fraga remarcó la gravedad de la situación y la frágil situación a la que se enfrentan quienes tienen una fiscalización electrónica, al recordar que “por no contestar un mail, te anulan como contribuyente”.
Luego apuntó contra la legalidad del mecanismo sancionatorio, al asegurar que “no está en la ley esa facultad, así como la establece la resolución”. Y añadió: “Las sanciones impropias son inconstitucionales y contrarias al Estado de Derecho”.
“La Ley 11.683 (reformada por la 27.430) permite medidas preventivas, pero establece que la suspensión de CUIT debe tener efectos suspensivos. Es decir, debe garantizar un procedimiento de defensa”, agregó.
Si bien la norma tiene multas, Fraga sostuvo que “en vez de usar el camino correcto, se saltean la Constitución y aplican una sanción que aniquila empresas o individuos con una simple resolución administrativa”.
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ARCA bloqueó CUIT: el reclamo por arbitrariedad y la respuesta del organismoEl Congreso decidió poner el foco sobre uno de los temas que más ruido genera en los contribuyentes: el bloqueo de la CUIT por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
En este escenario, la periodista Lucrecia Eterovich consultó con el socio de Expansion Business, Diego Fraga, para conocer su opinión sobre el tema para su artículo de El Cronista.
Fraga celebró la iniciativa de Ricardo López Murphy y se preguntó “¿qué buscan los agentes de ARCA?”, para añadir: “El Gobierno tiene que sacarles urgente esta potestad que no tiene ni un juez”.
“Son las que llamamos sanciones impropias (sanciones disfrazadas de meras medidas administrativas), que destruyen a empresas e individuo con un simple ‘clic’ de un agente que se esconde detrás de un escritorio”, explicó.
Por último, recordó que este procedimiento tuvo su debut en 2012 con la suspensión de 149 CUIT de representantes de fútbol y agregó: “’Tímidamente’ se comenzó a institucionalizar esta horrenda práctica sin sustento legal ni constitucional”.
Para cerrar, explicó que “se usó la suspensión de la CUIT para sancionar, presionar y hasta extorsionar a contribuyentes sin un juicio previo”, y puso de ejemplo la amenaza de aplicar la sanción con quienes habían comprado dólares para turismo en 2012.
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Impuesto a los Sellos: la vía legal con un tipo de contrato para no pagarloEn muchas jurisdicciones se aplica el Impuesto a los Sellos cuando se concretan operaciones comerciales que involucren la compra-venta de cosas o la prestación de servicios.
Sin embargo, existen maneras para evitar pagarlo. Al menos así lo informó la periodista Lucrecia Eterovich en su artículo de El Cronista en el que replicó los comentarios de Diego Fraga en su cuenta de X.
El socio de Expansion Business recordó que “para que exista impuesto es necesario que el instrumento sea ‘autosuficiente’ para probar la existencia del contrato (y que pueda ser ejecutado)”.
Y agregó: “Si no hay un instrumento autosuficiente con el que cualquiera de las partes del contrato pueda reclamar su cumplimiento, entonces no hay instrumento. Ergo, el impuesto no aplica”.
A los fines de evitarlo, aseguró, se debería llevar a cabo un contrato por “carta-oferta”. Otra es que una persona envíe una carta en donde le ofrece a otra celebra el contrato para un suministro, cuyo términos y condiciones figuran en el anexo.
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Impuesto al Cheque: cómo analiza reducirlo el Gobierno al igual que las retenciones al agroEl Gobierno busca cumplir con su promesa de campaña de reducir la carga tributaria. Fue el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, quien apuntó contra uno de los más distorsivos: el Impuesto sobre los Débitos y Créditos bancarios.
El funcionario recordó que el gravamen vence el 31 de diciembre de 2027, pero aseguró que el objetivo es “sacarlo antes”. Sin embargo, con la reducción de las retenciones al campo, muchos ven difícil su concreción.
En este escenario, la periodista Dolores Olveira analizó la situación en su artículo publicado en iProfesional y consultó, para ello, a Diego Fraga para conocer su posición al respecto.
El socio de Expansion Business aseguró que es posible que se pueda tomar el denominado Impuesto al Cheque como pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias, como pasó en el gobierno de Mauricio Macri con el Consenso Fiscal.
Y recordó que las provincias se comprometían a que Ingresos Brutos pasara a la etapa minorista para evitar distorsiones y la Nación a bajar el tributo de manera indirecta, es decir, permitiendo que aumente el pago a cuenta.
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Quebrantos: advierten por judicialización ante los cambios en la ley que impulsa el GobiernoEl Gobierno arrancó el año con la presentación de una propuesta parlamentaria que busca incorporar un cambio que podría ser determinante a la hora de calcular el Impuesto a las Ganancias.
El proyecto busca establecer que los quebrantos impositivos que puedan computar las empresas se ajusten en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC), aunque plantea como fecha de implementación el 1 de enero de 2025.
En este escenario, el periodista Carlos Lamiral consultó con Diego Fraga, socio de Expansion Business, para conocer su opinión sobre el alcance que podría tener la iniciativa.
Al respecto, planteó que el proyecto de ley de alguna manera le cierra la puerta a las empresas para que puedan actualizar sus quebrantos desde el 1 de enero 2025 en adelante, si no desisten en su pretensión de actualizar por inflación mayorista los quebrantos de períodos anteriores.
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Ley de quebrantos: el Gobierno despertó la polémica por un proyecto en el que no se hace cargo de la inflación anterior a su gestiónEl Gobierno decidió dar un paso más en materia tributaria al presentar un proyecto de ley que busca que los quebrantos impositivos puedan actualizarse en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Una crítica que surgió fue que la iniciativa establece que la actualización recaerá solo para los ejercicios fiscales que comiencen el 1 de enero de este año (o sea, no permite el ajuste en períodos anteriores).
El socio de Expansion Business, Diego Fraga, despejó ciertos cuestionamientos al señalar, en un comentario a Julieta Rumi para La Nación, que no se está beneficiando a un grupo de empresas sino aplicando el criterio de la Corte Suprema y de la Constitución Nacional.
Al respecto, sostuvo que “los gobiernos anteriores, al no reconocer la actualización de estos quebrantos, hacían que todas las empresas pagaran sobre ganancias que eran inexistentes. Es decir, no había capacidad contributiva, se afectaba el derecho de propiedad”.
“Lo que está haciendo esta gestión es restablecer, arreglar un impuesto que se fue distorsionando y que por obra y gracia de la inflación que los mismos gobiernos provocaban, hacían que se pague sobre ganancias ficticias, es decir, le estaban metiendo la mano en el bolsillo a las empresas”, agregó.
Además, añadió que “es lo mismo que el Estado te licué un crédito, pero agravado porque se trata de empresas que no estaban en la mejor situación porque si tenían quebrantos es porque no les había ido bien”.
Y, para concluir, señaló que “se va a tardar mucho tiempo en arreglar el sistema tributario que destrozó el gobierno anterior, pero se están dando pasos en el sentido correcto”.
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Anuncian reducción de impuestos que traerían alivio a las estaciones de servicioEl Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció cambios en materia impositiva y provocó alegría en muchos sectores. La medida que más llamó la atención fue la devolución exprés de saldos a favor.
La medida promete agilizar los reembolsos en tan solo 96 horas hábiles, podría sentar un ejemplo clave en el reclamo de las estaciones de servicio enmarcadas en plas pequeñas y medianas empresas.
Al menos así lo manifestó el medio Surtidores, que consultó con Diego Fraga para conocer el impacto que tendrá esta decisión del gobierno porteño, quien aseguró que representa una mejora en el SIRCREB.
Además, el socio de Expansion Business remarcó que “antes, los montos retenidos por estar en el padrón de sujetos pasibles de recaudación podían tardar más de tres meses en ser devueltos”.
“Ahora, este plazo se reduce drásticamente, lo cual es un alivio para los pequeños y medianos comerciantes, pero puede abrir un horizonte positivo para los estacioneros”, concluyó.
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Crece la polémica por un impuesto que prorrogó el GobiernoCon la prórroga del Fondo Nacional de Turismo, el Gobierno no sólo extendió la vigencia del impuesto que lo sustenta, sino que sumó críticas por el modo en el que decidió llevar adelante la medida.
Es que utilizar un decreto de necesidad y urgencia es nulo de nulidad absoluta. Al menos así lo destacó Diego Fraga, socio de Expansion Business, en declaraciones citadas por la periodista Julieta Rumi en su nota para La Nación.
Al respecto, explicó que la potestad para prorrogar un gravamen la tiene el Congreso de la Nación y que debería plantearse la inconstitucionalidad de la medida en la Justicia.
“¿Quiénes son los que podrían impugnar el impuesto? Tenés, por un lado, a las agencias que se verían afectadas porque tendrían que ofrecer sus servicios a un precio superior, pero lamentablemente la Justicia no es muy benévola en el tema de la legitimación activa para el reclamo de impuestos”, indicó.
Y agregó: “Hay precedentes que dicen que tenés que demostrar que realmente el impuesto te está afectando y eso jugaría en contra de la posibilidad de que las empresas, que son agentes de percepción, vayan a la justicia a litigar contra el impuesto”.
Por otra parte, sostuvo que “para los consumidores son montos muy inferiores frente a lo que podría llegar a salir un juicio. Entonces es difícil que impugnen el impuesto y como todavía no se aceptan las acciones colectivas en materia tributaria, entonces es difícil que una asociación de consumidores vaya a impugnar este impuesto” y concluyó: “Pero, es posible”.
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Milei prorrogó por DNU un impuesto a los viajes y le mantiene una caja millonaria a ScioliLa publicación en silencio del decreto que prorroga la vigencia del Fondo Nacional de Turismo hasta el 31 de diciembre de 2027 en el Boletín Oficial no logró evitar llamar la atención y fueron muchos los que criticaron la medida.
En este escenario, la Política Online recogió el testimonio de Diego Fraga, socio de Expansion Business, quien apuntó no sólo contra la medida sino también con la forma de implementarla.
Al respecto, señaló en su cuenta de X que la prórroga por DNU es de “nulidad absoluta”. Sin embargo, también explicó que será difícil la judicialización de la decisión oficial.
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