El Gobierno decidió dar un paso más en materia tributaria al presentar un proyecto de ley que busca que los quebrantos impositivos puedan actualizarse en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Una crítica que surgió fue que la iniciativa establece que la actualización recaerá solo para los ejercicios fiscales que comiencen el 1 de enero de este año (o sea, no permite el ajuste en períodos anteriores).
El socio de Expansion Business, Diego Fraga, despejó ciertos cuestionamientos al señalar, en un comentario a Julieta Rumi para La Nación, que no se está beneficiando a un grupo de empresas sino aplicando el criterio de la Corte Suprema y de la Constitución Nacional.
Al respecto, sostuvo que “los gobiernos anteriores, al no reconocer la actualización de estos quebrantos, hacían que todas las empresas pagaran sobre ganancias que eran inexistentes. Es decir, no había capacidad contributiva, se afectaba el derecho de propiedad”.
“Lo que está haciendo esta gestión es restablecer, arreglar un impuesto que se fue distorsionando y que por obra y gracia de la inflación que los mismos gobiernos provocaban, hacían que se pague sobre ganancias ficticias, es decir, le estaban metiendo la mano en el bolsillo a las empresas”, agregó.
Además, añadió que “es lo mismo que el Estado te licué un crédito, pero agravado porque se trata de empresas que no estaban en la mejor situación porque si tenían quebrantos es porque no les había ido bien”.
Y, para concluir, señaló que “se va a tardar mucho tiempo en arreglar el sistema tributario que destrozó el gobierno anterior, pero se están dando pasos en el sentido correcto”.
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