El Gobierno nacional busca introducir una modificación impositiva de gran alcance. Al menos así lo anunció el ministro de Economía, Luis Caputo, al afirmar que buscan reemplazar el Impuesto sobre los Ingresos Brutos por un Súper IVA.
En líneas generales, la idea es separar en dos el Impuesto al Valor Agregado (IVA): una parte que sea fija y lo establezca la Nación y una variable que la determine cada provincia.
El objetivo es que el Ejecutivo continúe recaudando lo que le corresponde por la Ley de Coparticipación, pero que las provincias definan su porcentaje para “competir” entre ellas y, al mismo tiempo, pongan fin a Ingresos Brutos (uno de los gravámenes más distorsivos).
En este escenario, Diego Fraga fue consultado por la periodista Gabriela Origlia que busca conocer el impacto y la viabilidad de una medida de esta naturaleza para su artículo de La Nación.
El socio de Expansion Business aseguró que existen fundamentos técnicos y antecedentes internacional, pero consideró que “enfrenta importantes desafíos políticos e institucionales”.
Un sistema de IVA provincial, añadió, “bien diseñado permitiría eliminar la distorsión de Ingresos Brutos y, al mismo tiempo, fortalecería la transparencia y la equidad tributaria”.
Desde el punto de vista jurídico, explicó que el reemplazo es viable, pero “exige herramientas institucionales robustas”. Reconoció que la Constitución habilita a las provincias a crear sus propios tributos, pero un IVA provincial acoplado al nacional requeriría una coordinación muy estrecha.
Serían necesarios acuerdos interjurisdiccionales, ratificados por ley del Congreso y por cada Legislatura provincial. También sería clave una ley convenio que unifique criterios de base imponible, alícuotas y mecanismos de distribución, precisa.
Sin embargo, el mayor obstáculo es político. Ocurre que las provincias dependen fuertemente de Ingresos Brutos, que en muchos casos representa más del 70% de su recaudación propia.
“Por eso, es comprensible que teman perder autonomía o recursos si se avanza hacia un sistema más centralizado o coordinado”, sostuvo y concluyó: “Reemplazarlo requeriría un gran pacto fiscal, con reglas claras, garantías de recursos y mecanismos de compensación transitoria para que ninguna provincia quede en desventaja”.
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