El Gobierno nacional busca aprobar un paquete de medidas fiscales dentro del proyecto de modernización laboral, entre las que aparecen beneficios para quienes realicen inversiones financieras.
En este escenario, el periodista Gonzalo Chicote realizó un repaso por la iniciativa y consultó con Diego Fraga para conocer su opinión sobre la posibilidad de que, quienes blanquearon, puedan acceder a estas ventajas.
La fecha en la que se busca que entre en vigencia las exenciones no parece azarosa. Por el contrario, todo indica que fue pensada para los u$s20.000 millones de las cuentas especiales del blanqueo (CERA) que están prontos a quedar disponibles.
Al menos así lo manifestó Fraga, al asegurar que “parece ser un paquete diseñado para que el ahorro declarado -y particularmente los fondos que se liberan de CERA- encuentre rendimiento en el sistema sin peaje fiscal, en vez de volver al colchón”.
“Hoy el impuesto cedular castiga fuerte al que se queda en instrumentos en dólares o fuera de la cotización”, resaltó el socio de Expansion Business y añadió que “un plazo fijo en dólares tributa 15% y la venta de acciones no cotizantes, también”.
“El proyecto da vuelta esa lógica desde 2026, ya que exime el plazo fijo sin mirar la moneda y extiende la exención a la compraventa de títulos valores aun cuando no coticen, salvo las criptomonedas”, explicó.
Y sumó: “No afirmo que sea la única motivación, pero el calendario es elocuente: cuando se libera el lockup de CERA, el proyecto reduce drásticamente el costo fiscal de quedarse invertido localmente”.
“Es una señal pro-mercado de capitales y, al mismo tiempo, una ‘zanahoria’ para que los fondos regularizados no migren a la salida”, concluyó Fraga a El Economista.
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