En la Argentina, aceptar un ajuste impositivo de buena fe puede ser el inicio de una pesadilla penal. Con umbrales de punibilidad totalmente desactualizados, el régimen penal tributario arrastra a miles de contribuyentes a juicios penales por montos que, en términos reales, son insignificantes.
Lo más alarmante es que muchos no lo saben: por ansiedad o para aprovechar ciertos beneficios de los planes de regularización, presentan declaraciones juradas rectificativas, cierran el ajuste…y terminan imputados penalmente.
Al menos así lo manifestó Diego Fraga, socio de Expansion Business, en una columna publicada en El Economista en la que realiza un repaso por la normativa vigente y deja en evidencia la necesidad de realizar una reforma.
Además, recuerda que existen proyectos presentados en el Congreso que establecen una actualización considerable y razonable, considerando que los montos no fueron ajustados en años.
También explicó que “mantener montos congelados no castiga a los grandes evasores: castiga al contribuyente de buena fe que quiere regularizar” y concluyó: “En un país que necesita reconstruir la confianza en su sistema tributario, seguir castigando a quienes cumplen no es solo injusto: es autodestructivo”.
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