Todo parece demostrar que la nueva administración de la Inspección General de Justicia (IGJ) decidió dejar de lado un modelo de control extremadamente burocrático para reemplazarlo por otro más laxo.
Al menos así lo manifestó en su columna para El Cronista Melina Sánchez, responsable de Legales de Expansion Argentina, en la que analizó la Resolución General 5/2024, publicada en el Boletín Oficial recientemente.
En la flamante norma, el organismo a cargo de Daniel Roque Vítolo exime de obligaciones claves a las sociedades extranjeras que constituyan o participen en sociedades locales.
La nueva resolución reemplaza el polémico artículo 3 de la resolución general 2, emitida en 2020 durante la administración de Ricardo Nissen, que establecía como requisito constituir una garantía para los representantes.
“A la luz de los hechos, los argumentos esgrimidos en el pasado quedan manchados por una interpretación forzada de las normas que sólo logró perjudicar a las empresas del exterior que optaban por instalarse en la Argentina”, explicó Sánchez.
Además, añadió que “se puede asegurar que esta resolución es el inicio de grandes modificaciones que afectarán a nivel nacional a las regulaciones aplicables”. Y concluyó: “Soplan vientos de cambio. Bienvenidos sean”.
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